martes, 9 de julio de 2013

El gobierno de Pinochet espiaba a los niños en la escuela

Documentos secretos de la dictadura revelan que los organismos de inteligencia de Pinochet espiaron durante años a niños chilenos en sus propios colegios.
"Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las 'marchas del hambre', realizadas en el centro de Santiago", consta en un informe enviado por la CNI (Central Nacional de Informaciones) al Ministerio de Educación en mayo de 1983.
Salinas figura junto a los nombres de decenas de otros jóvenes, como Diego Meza o Víctor Osorio (actual presidente del partido Izquierda Cristiana, IC), en 30.000 archivos secretos del régimen a los que accedió el periodista Mauricio Weibel, de la agencia DPA.
"Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que apoyaron esto deben responder", dijo Osorio a DPA al conocer de la existencia de estos archivos, que dan cuenta de que las operaciones de espionaje abarcaron colegios religiosos, públicos y privados como la Alianza Francesa en 1988, y fueron acompañadas por el despido masivo de los profesores que abogaban por la democracia.
Las fichas con antecedentes políticos de menores de edad y docentes elaboradas por la CNI llegaron a las oficinas de los ministros de la dictadura con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Augusto Pinochet.
La propia esposa del dictador, Lucía Hiriart, participó en este circuito de vigilancia, alertando por escrito, en 1988, de la supuesta simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera en la Región de Magallanes.
"Fue nombrado directamente por la Presidencia", la tranquilizó, en respuesta, el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.
Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de estudiantes y profesores, según los documentos. Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual timonel UDI, Patricio Melero.
"Por expreso deseo de Su Excelencia el presidente de la República, se realizará durante la segunda semana del próximo período de vacaciones un Congreso Nacional de 1.000 dirigentes secundarios", escribió el 30 de junio de 1982 ministro secretario general de Gobierno, brigadier Julio Bravo en el oficio 2000/4.
La iniciativa, comunicada al titular de Educación, Álvaro Arriagada, perduró en el tiempo y el 22 de agosto de 1983 el nuevo portavoz del régimen, el ministro Alfonso Márquez de La Plata, informó la realización de un segundo encuentro con escolares provenientes de 114 comunas.
Además del propio Pinochet, los oradores en la cita fueron Jaime Guzmán, el hoy ministro Chadwick y el diputado Melero, todos miembros fundadores de la Unión Demócrata Independiente.
El esfuerzo por levantar un "estudiantado leal", del cual existe registro hasta las postrimerías del régimen, fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos.
Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron, de hecho, cursos periódicos sobre "Seguridad Nacional" y "Doctrinas Totalitarias", entre otros.
Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en 1984.
"Sí, en los liceos de Santiago la represión fue fuerte", evocó en conversación con DPAel primer presidente de la entonces opositora Federación de Estudiantes Secundarios (Feses), Juan Alfaro.
En ese contexto, los funcionarios del Ministerio de Educación, a lo largo y ancho de todo el país, fueron enviados a cursos en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).
En esa institución cursaron materias como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos.
Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y la CNI.
El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el llamado "Plan de Guerra del Frente Interno", que coordinó a través de su Oficina de Seguridad, como reseñó el oficio reservado 02/36 del 16 de febrero de 1984.
Las comunicaciones con la CNI -responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas- fueron diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros.
Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, refrendada en sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.
Imbuidos de ese ánimo, y en medio de multitudinarias protestas de escolares y universitarios, los ministros Horacio Aranguiz, Sergio Gaete y Juan Antonio Guzman decidieron entre 1983 y 1989 comprarse pistolas Astra y pagar su permiso de porte con fondos fiscales.
Todo ello lo dejaron por escrito en oficios firmados por ellos mismos y timbrados como "Reservados", que revisados por el periodista Mauricio Weibel, quien a fines del año pasado denunció acoso, intimidación y robo de material, al igual que otros profesionales de la prensa que estaban investigando los crímenes y acciones secretas de la dictadura.
En ese contexto, delatan los documentos, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.
El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores a través del subsecretario del Interior, el hoy diputado y candidato a senador de Renovación Nacional Alberto Cardemil.
Por ejemplo, Cardemil demandó en el oficio reservado 2464 del 14 de julio de 1986 definir medidas contra el profesor Benjamín Sierra de la Fuente del liceo fiscal A-2 de Arica.
Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986, proceso que devino en un jibarización del papel del Estado en la Educación, que hoy es cuestionada con fuerza por el movimiento estudiantil.
Mauricio Weibel reveló hace un año que Cardemil estuvo a cargo de distribuir los análisis y fichas que la CNI hacía de los opositores al régimen, incluyendo antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos.

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