martes, 30 de abril de 2013

Estado de excepción en Chile: situación del pueblo mapuche

 
La situación de Estado de excepción que se vive en muchos sectores de la Araucanía, la sucesión de huelgas de hambre de los presos mapuches, los allanamientos, el recrudecimiento de la violencia policial, el aumento de atentados y el incremento de hechos luctuosos en los últimos años ponen de relieve que algo no funciona bien en la democracia chilena.
Los allanamientos policiales de las comunidades son habituales; ancianos, mujeres y niños son maltratados, heridos y vejados durante su transcurso (el más reciente ha sido documentado por la Fundación Instituto Indígena en el sector Quilaco-Codopille, comuna de Padre las Casas).
En los últimos diez años se han producido casi una decena de víctimas mortales, en su mayoría jóvenes mapuches que participaban en tomas de tierras. También se observa un aumento de los enfrentamientos entre las comunidades y particulares chilenos, algunos de una gravedad extrema como el incendio provocado, supuestamente, por personas de origen mapuche que acabó con la vida de un conocido matrimonio de terratenientes del sector de Vilcún.

Condenas de cárcel violencia policial contra los mapuches

Por otra parte, más de medio centenar de personas se encuentran encausadas por delitos de terrorismo (ver informe 2010 del Relator Espacial de la ONU James Anaya), algunos de los cuales cumplen duras condenas impuestas por la justicia militar en procesos de dudosa legalidad, como han manifestado los principales organismos de derechos humanos Por último, es frecuente observar como la represión se dirige hacia las autoridades espirituales y político-rituales mapuche (machi, logko) con el consiguiente daño psicosocial y cultural que esto supone a las comunidades.
Mientras tanto, la impunidad preside las actuaciones policiales. Las acusaciones de abusos, torturas y allanamientos hacia miembros de los cuerpos de seguridad continúan bajo la tutela de justicia militar. En los pocos casos en que los agentes han sido declarados culpables del homicidio de jóvenes mapuches (“por violencia innecesaria”), lejos de ingresar en prisión o de ser expulsados del cuerpo, han sido trasladados y siguen en activo, como ocurre con los carabineros condenados por las muertes de Matías Catrileo o Jaime Mendoza Collio.

La clave del desencuentro entre los mapuches y el Estado radica en el problema del territorio. Arranca en la segunda mitad del siglo XIX con la Ocupación de la Araucanía por parte de las tropas chilenas guerra que culminó con la derrota mapuche en 1883 y la pérdida de la independencia y la soberanía territorial (reconocida por los españoles en las Paces de Quillín en 1641) sobre las tierras al sur del río Bío Bío.
A partir de ese momento, los mapuches fueron confinados en poco más de un 6% del territorio que ocupaban y confinados en 3.000 “reducciones” (comunidades indígenas). El último censo publicado en Chile arroja un número de 604.349 mapuches, de los cuales un 35% sigue residiendo en las 2.000 comunidades que se han mantenido después de las usurpaciones y enajenaciones fraudulentas sufridas a los largo del siglo XX.
La media de las parcelas oscila entre las 0,5 y 6 hectáreas, por lo que la situación es de minifundismo extremo, baja productividad, sobreexplotación de las tierras y empobrecimiento colectivo. Pese a las promesas de los diferentes gobiernos democráticos de resolver el problema de la tierra y el subdesarrollo, las políticas públicas, aunque se maquillen bajo el rótulo de “desarrollo con identidad”, reproducen los mismos esquemas asimiladores, clientelares y etnocéntricos de siempre.

Agresión económica y ambiental contra el pueblo mapuche

Durante el Gobierno de Eduardo Frei-Ruiz-Tagle (1994-2000) las elites nacionales se decantaron por dar continuidad al modelo económico neoliberal de la dictadura, para lo cual desempolvaron antiguos proyectos diseñados por los militares para integrar el sur de Chile mediante la liberalización de recursos naturales, explotación de las potencialidades energéticas de los territorios indígenas y la exportación de sus materias primas (productos forestales, pesqueros, mineros, etc.). Lo que se ha venido a llamar “conflicto mapuche” es consecuencia directa de esta política y el problema histórico de las tierras.
El abandono del sector agrícola del sur a favor del sector forestal, que se había iniciado con la contrarreforma agraria de Pinochet y a partir de la cual las empresas forestales se erigieron en los nuevos terratenientes del país (controlan más de millón y medio de hectáreas en el territorio mapuche), chocó de lleno con las comunidades ya que la industria forestal perjudicaba las actividades tradicionales, contaminaba sus tierras y desecaba los esteros.
La quema de dos camiones forestales por comuneros del sector de Lumaco en 1997 constituye uno de los hitos claves de este conflicto ya que a partir de ahí se inició un nuevo ciclo represivo-reivindicativo. El conflicto y la represión se fueron generalizando al compás que se implementaban otros proyectos como el de la presa de Ralco promovida por Endesa-España o la construcción de autopistas de peaje (Panamericana sur, Baipás de Temuco o Carretera Costera).

Pese a que el Gobierno chileno ratificó en 2007 los principales tratados en materia de derechos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, el último informe del Observatorio de Derechos Ciudadanos señala que se “mantiene la situación de criminalización de la protesta social mapuche” y que no se han articulado debidamente los mecanismos de consulta previsto en estas normas para hacer efectivos los derechos indígenas.

Multinacionales eléctricas en territorio mapuche

Mientras tanto, o quizás por eso, siguen promoviéndose proyectos en el territorio mapuche; por ejemplo, un nuevo proyecto hidroeléctrico en el Lago Neltume (Endesa-Entel), actividades mineras en la zona cordillerana o la instalación de industrias salmoneras como la del río Pilmaiken, que contaminan las aguas y los espacios sagrados de los mapuches o la construcción del aeropuerto internacional de Quepe en el sector de Makewe.
La preocupación internacional por la situación del pueblo mapuche es grande, como puso de manifiesto la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Público a Chile en 2009: “el caso de mayor preocupación de la comunidad internacional es la situación del pueblo mapuche debido a la aplicación de la Ley Antiterrorista y la persistencia de juicios irregulares que vulneran sus derechos a un debido proceso”.
Algo en lo que coinciden los expertos es que el mal llamado “conflicto mapuche” no responde a un problema de orden público y mucho menos de terrorismo o de seguridad nacional, sino que estamos ante un problema histórico, político y cultural que hunde sus raíces en la propia constitución del Estado chileno. La enseñanza que nos deja este conflicto es que, en los tiempos de la globalización, los derechos indígenas quedan supeditados a los intereses económicos de empresas, latifundistas y transnacionales. Fuente: diagonalperiodico.net


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