domingo, 25 de noviembre de 2012

El PP impidió la creación de una subcomisión sobre paraísos fiscales

La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados rechazó el pasado 20-N la creación, propuesta por el PSOE, de una subcomisión para tratar específicamente la armonización fiscal, la lucha contra el fraude tributario y los paraísos fiscales.
La iniciativa del PSOE fue rechazada por la mayoría del PP, mientras que la respaldaron los grupos parlamentarios socialista, de CiU, de Izquierda Plural (IU, ICV y Cha) y UPyD.
En su defensa, el portavoz parlamentario socialista de Hacienda, Pedro Saura, subrayó que es "crucial" para el país ofrecer propuestas concretas al Gobierno para "atajar el fraude internacional", tal como se hace en "muchos" parlamentos de países desarrollados.
En su opinión, por dicha subcomisión deberían pasar expertos, despachos profesionales, gestores públicos, diputados de otros países y el fiscal francés Éric de Montgolfier, quien ha investigado a 130.000 evasores fiscales de distintos países.
El 86% de las empresas cotizadas en el Ibex-35 tienen filiales en paraísos fiscalesEl diputado socialista afirmó que los recursos en paraísos fiscales fluctúan entre "21 y 31 trillones de dólares, la mitad del PIB mundial", que el 86% de las empresas cotizadas en el Ibex-35 tiene filiales en ellos y que España sólo tiene nueve convenios con ellos para intercambiar información y carece de acuerdos con los otros 25, lo que es "insuficiente".
Estas son "razones de fondo" para crear la subcomisión, insistió Saura, quien recordó que la Hacienda pública es fundamental para la salida de la crisis, por lo que ha apelado a la "sensibilidad" del resto de formaciones políticas.
Álvaro Anchuelo (UPyD) también consideró "muy importante" estudiar la armonización fiscal europea para que España no vaya como un país "pedigüeño", así como el fraude fiscal, que hace que cada año se dejen de recaudar 8 puntos del PIB. No obstante, advirtió que crear más subcomisiones dificulta el trabajo de los grupos minoritarios y pidió que sirviera para hacer propuestas concretas.
En nombre de Izquierda Plural (IU, ICV y Cha), Ricardo Sixto apoyó su creación, aunque recordó al PSOE que en la pasada legislatura tuvo tiempo para constituirla. También estimó "difícil" que la subcomisión fuera capaz de solucionar algo, porque mientras no cambie el sistema los paraísos fiscales seguirán existiendo .
Antoni Picó (CiU) precisó, por su parte, que la competencia fiscal entre territorios es legítima y no es mala por sistema si no erosiona las bases fiscales del resto. Asimismo, destacó que la lucha contra el fraude es una constante en los diferentes gobiernos y en las instituciones internacionales, razones por las que la subcomisión española sería positiva para proponer medidas al respecto.

El caso del exempleado del HSBC suizo, Falciani 

En cambio, desde el PP, Ana Madrazo les respondió que no comparte la necesidad ni la oportunidad de su creación, de la que además dijo que llegaría tarde. Madrazo le preguntó al PSOE por qué durante sus ocho años de Gobierno no hizo nada y por qué no persiguió con toda contundencia las cuentas de defraudadores descubiertas por el exempleado del banco HSBC de Ginebra Hervé Falciani.
Al respecto, Saura ha preguntado al PP si va a permitir que Falciani, que está preso en España desde el 1 de julio, sea extraditado a Suiza. Aún no ha recibido respuesta.

Los ministros del Gobierno de Rajoy proclaman que deben comparecer los que tienen cuentas en Suiza. Pero es el Ejecutivo el que tiene la lista de esa gente, y nos la oculta.

Tras la aparición de un misterioso borrador policial, a todas luces falsificado, en el que se acusaba a Artur Mas y Jordi Pujol de tener cuentas en Suiza, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó comparecer ante el Congreso para explicar de dónde salió ese documento. Y se justificó aduciendo: "Los que tienen cuentas en Suiza son los que tienen que comparecer". El PP también ha impedido que rinda cuentas el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ni siquiera ha considerado la posibilidad de que dé explicaciones el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Igualmente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado a los gobernantes catalanes de sostener que "es natural tener cuentas en Suiza" Sin embargo, es el Gobierno del PP el que conoce perfectamente las identidades de más de un millar de españoles que tienen cuentas cifradas en el HSBC en Suiza, puesto que en 2010 la entonces ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde (hoy directora del FMI), entregó al Ejecutivo español el listado de evasores de capitales que proporcionó a Francia el informático Hervé Daniel Falciani.
Más aún, Falciani está ahora encarcelado en España a causa de una petición de extradición de Suiza fundamentada en leyes de protección del secreto bancario que no rigen en nuestro sistema jurídico. Al contrario, las leyes españolas (por ejemplo, los artículos 2 y 6 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva y el artículo 23 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales) amparan precisamente a los que denuncian a defraudadores; pero aun así el Gobierno lo mantiene en prisión y negocia entregarlo a Berna para que sea procesado y castigado por revelar los nombres de los que están estafando a la Hacienda pública. Fuente: Público
 

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