lunes, 1 de octubre de 2012

Políticas anticorrupción

El tema de la corrupción ha de tratarse, obviamente, en el contexto de la relación entre la ética y la política. De una forma genérica pero acertada, a mi juicio, se ha definido la corrupción como la “quiebra de la dignidad” o como “abuso de poder o mala conducta”. Asimismo, la corrupción  es “la degradación de algo”, su desnaturalización o la pérdida de su entidad. Lo que puede aplicarse a los animales, vegetales o alimentos (putrefacción), al lenguaje, a determinados materiales, etc.
En un sentido más estrictamente político (que suele ser el más común), la corrupción es “el abuso del poder público para beneficio personal y privado”. Según los campos en los que se aplique, la corrupción puede ser empresarial, policial, tributaria, urbanística, sexual, deportiva…
El término opuesto a la corrupción es el concepto de transparencia o control democrático, que constituye a su vez un índicador de la madurez política de un país, asociación, colectivo, etc. Existen organismos internacionales que deben ejercer ese control democrático, como la ONU, la Organización de Estados Americanos, etc. Existe asimismo el organismo “Transparencia Internacional” con sede en Berlín, que ejercita dicho control sobre la transparencia real en ciento ochenta estados o países, estableciendo una clasificación de uno a diez según el nivel de transparencia de los mismos respecto al hecho de la corrupción. La mejor puntuación en este ranking la obtiene Nueva Zelanda, con 9´4 puntos sobre 10, y la peor Somalia con 1´1, ocupando el último puesto en la clasificación.
Las formas más comunes de corrupción son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, los “pucherazos” electorales, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el nepotismo… Algunas de ellas derivan en otros hechos delictivos como el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la prostitución ilegal, etc.
Existen, por supuesto, distintos niveles o ámbitos de corrupción: básicamente, el que se ejerce por los Estados o gobiernos de turno (la corrupción “oficial” o institucional) y el ámbito privado (la corrupción empresarial y el tráfico de influencias entre el sector privado y el público, etc.).
La corrupción es un hecho social tan arraigado en nuestra convivencia y en nuestra cultura que ya existe un nuevo término que la expresa y que se ha incorporado a nuestro lenguaje: el término “cleptocracia”, es decir, el poder de los que roban.
Pueden señalarse diversas causas de la corrupción, más o menos internas o externas, pero todas ellas bastante entremezcladas: la falta de valores humanistas, de educación y de conciencia social; la estructura capitalista disfrazada de neoliberalismo con su carga inmoral de codicia, consumismo desbocado e individualismo posesivo; la impunidad ante los hechos de corrupción; los modelos sociales vigentes; la concentración del poder, el control sobre los medios de comunicación, y la opacidad en general…
El fenómeno tan generalizado de la corrupción no es un simple hecho a observar y comentar, sino algo que en cierta manera nos implica y afecta a todos. Pueden abordarse varias cuestiones abiertas para la reflexión y el debate, que se derivan de ella; por ejemplo: su valoración cultural y ética; la contienda partidista a propósito de la misma (que ejemplifica a la perfección el dicho de “la paja en el ojo ajeno…”); la presencia de numerosas personas imputadas en las listas electorales de candidatos, y el crucial interrogante de por qué la gente les vota; qué puede hacer la ciudadanía (que somos nosotros) para combatir la corrupción, dentro de la enorme impotencia que sentimos, etc., etc.
Tampoco está de sobra analizar de forma autocrítica las posibles formas y expresiones de corrupción que –aunque en medida menor y muy atenuada- afectan a nuestros entornos más cercanos y acaso a nosotros mismos: la manipulación de los demás, el trato desigual e interesado a los otros, la ocultación de datos y conocimientos, el aprovechamiento no limpio de personas y circunstancias para el medro individual y el beneficio egoísta…
Probablemente vivimos en una sociedad profundamente contaminada por la corrupción, y quizá resida ahí la razón de por qué la ciudadanía no castiga sino que vota a los implicados en ella, presuntamente o con datos terminantes. Y que acaso también proyecta en dichas personas su oculto deseo de imitarlas si ello fuera posible. Esta grave lectura de la realidad (que me parece dura pero racional y legítima) no debe mermar sino más bien estimular nuestra voluntad y compromiso de luchar contra la corrupción a todos los niveles y en todas las formas posibles.
La calidad de estas políticas varía considerablemente de unos casos a otros. Sin embargo, en aras de la simplificación, en este estudio se han hecho únicamente tres categorías: sin política, política básica o política avanzada.
Se considera que una empresa no tiene política si carece de una política comunicada públicamente o, en caso de que sí la tenga, su compromiso afecta exclusivamente a su consejo de administración y/o alta dirección sin aplicarse al resto de trabajadores.
Para evaluar si la política es una ‘política básica’ o una ‘política avanzada’ se analiza el alcance geográfico y extensión al personal de la empresa, filiales y cadena de suministro, y el cumplimiento de los siguientes elementos:
  • Prohibición explícita de dar y recibir sobornos;
  • Compromiso de cumplimiento de todas las leyes y normas de los países en los que desarrollan sus operaciones;
  • Compromiso explícito de cumplimiento de restricción y control de pagos de facilitación;
  • Compromiso explícito y restricción de dar y recibir regalos;
  • Política pública y disponible;
  • Compromiso de control de prácticas irregulares a nivel de consejo de administración que sea público;
  • Transparencia de cualquier tipo de donación política, y que tenga un procedimiento de aprobación e información de esas donaciones;
  • Extensión de la política a sus grupos de interés y cadena de suministro (proveedores, subcontratas);
Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver una clara evolución en la formalización de políticas anti-corrupción en las empresas del IBEX35, pasando de un 43% de empresas que tenían una política avanzada en 2005 al 74% actual. O lo que es más interesante, pasando de un 43% de empresas que no tenían política en 2005 a tan sólo un 6% en 2009.

La puesta en marcha de un sistema de gestión anti-corrupción lleva pareja una multitud de elementos que deben atravesar el funcionamiento de toda la empresa. Sin embargo, a modo de simplificación y para poder analizar la evolución a lo largo de los años, se han tomado dos elementos de implementación de la política que se consideran especialmente relevantes: la formación de los empleados, y los mecanismos de denuncia anónima.
Se ha considerado que existe un sistema de formación de los empleados cuando la empresa ofrece capacitación sobre la aplicación del código de conducta, los valores y los principios de la empresa, y sobre cómo actuar ante una situación de riesgo. Además la formación debe estar adaptada a los lugares donde la empresa opera, haciendo especial hincapié en aquellos países de riesgo.
Por otro lado se ha considerado que existe un mecanismo de denuncia anónima si se han habilitado canales de comunicación anónimos y seguros para que los empleados puedan amonestar o denunciar irregularidades, bien a través de la vía telefónica, o en la intranet, o en la página web corporativa de la empresa, facilitando cuestionarios para ser enviados, etc.. Se ha considerado importante que los mecanismos garanticen la confidencialidad del denunciante y hagan visible la figura de la persona o comité competente para que recoja la denuncia e inicie el procedimiento de informar e investigar con diligencia el caso.

El análisis de la evolución de la calidad de los sistemas de gestión anticorrupción de las empresas del IBEX35 en el periodo 2005-2009 permite constatar un gran avance ya que ha aumentado sustancialmente el número de empresas que afirman haber dado formación a sus empleados. Mientras en 2005 el número de empresas que proporcionaban formación a sus empleados en materia de corrupción, sólo suponían el 14% de las empresas del IBEX35. En 2009 este porcentaje ha ascendido al 48,5%.
Menor ascenso es el experimentado por los mecanismos de denuncia anónima que las compañías ponen en marcha para revelar irregularidades asegurando la confidencialidad del denunciante, ya que se partía de un nivel más elevado (31% de las empresas) en 2005, llegando al 63% de ellas en la actualidad. En ello ha influido el hecho de que desde julio de 2005, todas las empresas registradas en la Securities Exchange Commision (SEC), están obligadas a cumplir con las disposiciones de la Sarbanes-Oxley Act , de julio de 2002. Esta Ley establece la obligación de implantar mecanismos para la recepción de quejas o comunicaciones, de forma confidencial, relacionadas con las malas prácticas en asuntos contables, el control o la auditoría interna.  

Fuentes

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