sábado, 20 de octubre de 2012

Los refugiados palestinos y los países árabes receptores


Por Mar Gijón Mendigutía
La denominada cuestión palestina nace al mismo tiempo que la de los refugiados. La partición de la Palestina Histórica en 1947 desencadenó la guerra un año después entre los países árabes e Israel, y la limpieza étnica fue la piedra angular del plan que diseñaron los sionistas para lograr la mayor cantidad de tierra posible sin sus habitantes originales. El estudio y el descubrimiento del denominado Plan Dalet  es la prueba decisiva que demuestra que las pautas trazadas y los objetivos marcados llevaban a un mismo fin: la creación de un Estado judío a expensas de la expulsión de más de 750.000 palestinos de su tierra, dando comienzo a la Nakba, el Desastre.

Diáspora palestina
Hoy en día la mayor parte de las personas refugiadas viven en Cisjordania, Gaza y los países árabes vecinos: Jordania, Líbano y Siria. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA), hay más de cuatro millones y medio de refugiadas y refugiados palestinos registrados. Un tercio de estas personas, aproximadamente 1,3 millones, vive en 58 campamentos reconocidos por la UNRWA en las zonas mencionadas. Otras dos terceras partes viven en lo que se considera como campos “no oficiales”, que son prácticamente barrios en los alrededores de las ciudades.

La Liga Árabe pactó el Protocolo de Casablanca (1965), en el que se estipulaba que los países árabes de acogida debían garantizar a la población refugiada palestina el pleno derecho de ciudadanía, es decir, acceso a empleo y residencia y libertad de movimientos (a través de los Documentos de Viaje para Refugiados). Como además debían preservar la identidad palestina (manteniendo el estatus de refugiado a estas personas), no debían concederles la ciudadanía, es decir, naturalizarles. Los países que firmaron en un primer momento este Protocolo fueron Jordania, Argelia, Sudán, Iraq, Siria, Egipto y Yemen. Sin embargo, como menciona Abbas Shiblak, “la hermandad nacional panárabe de las décadas de 1950 y 1960 ha desaparecido para ser reemplazada por una agenda egoísta de Estados fragmentados, subnacionales y guiados por diferentes intereses”. 
Los acontecimientos posteriores a la guerra de 1948 fueron tan diversos como los países en los que tuvieron que abrirse paso las y los palestinos. Su situación ha estado a merced tanto de las relaciones interárabes y de los demás agentes en la región como del propio transcurso del denominado conflicto palestinoisraelí.

Jordania
Lo que en ese momento se llamaba Transjordania anexionó formalmente Cisjordania en 1950 y concedió la nacionalidad a todas las personas palestinas (refugiadas y nativas de Cisjordania) residentes, por lo que las y los refugiados tienen el mismo estatus legal que los y las jordanas. Se estableció un marco legal para su integración, aunque este hecho provocó una importante diferencia que continúa separando a los palestinos del este y del oeste de Cisjordania. La anexión de Cisjordania y la huida de la población refugiada hacia Jordania transformó la estructura demográfica, inclinando la balanza a favor de una mayoría palestina que representaba más de la mitad de la población, por lo que las autoridades tuvieron que reorganizar la vida política, económica y cultural para acomodarles.
La mayoría de las personas refugiadas tiene, al menos oficialmente, los mismos derechos civiles que la población jordana, y no se ha abolido su derecho al retorno y estatus de refugiados. Desde el acuerdo de Paz entre Jordania e Israel (1994) se comenzaron a practicar políticas discriminatorias hacia las y los palestinos. En Jordania hay casi dos millones de palestinas y palestinos registrados en la UNRWA y más de 300.000 que viven en diez campos. (Jordania ha comenzado a revocar la ciudadanía de su población palestina, la cual vive allí desde hace más de medio siglo.)[1]

Líbano
Cerca de 100.000 palestinos y palestinas huyeron al país del cedro en 1948. Un número demasiado numeroso para el delicado equilibrio confesional y su economía, por lo que fueron considerados una amenaza. Sólo a unos pocos cientos (la mayoría cristianos) se les concedieron derechos políticos, mientras que a los demás se les impusieron severas restricciones en residencia y empleo. Esto se tradujo en una completa segregación: estaban consideradas personas forasteras en un territorio extranjero sin ningún derecho. La población refugiada en Líbano es la que está en la peor situación de los países de acogida, en unas míseras condiciones y en un limbo legal. Se le impide ejercer más de setenta profesiones y, aunque se le conceden algunos permisos de trabajo, estos les resultan muy difíciles de obtener. Ante la dramática situación de las y los refugiados en Líbano y tras muchas presiones por parte de diferentes países, se ha aprobado recientemente una ley que les permite trabajar legalmente en el sector privado, aunque quedan muchos interrogantes en su aplicación. Líbano expresó sus reservas hacia el Protocolo de Casablanca en 1965 y hasta hoy no lo ha aplicado.
Aunque no se dispone de cifras exactas, la población refugiada en Líbano asciende, según la UNRWA, a más de 420.000 personas, de las que más de 200.000 viven en doce campos. Cifras extraoficiales apuntan a que el número real sería mayor, incrementándose entre 10.000 y 40.000 personas. [2]

Egipto
A Egipto llegaron menos de 10.000 personas refugiadas. En un principio trataron a la población palestina como a su propia ciudadanía: recibían educación gratuita en los colegios, universidades e institutos. Pero tras el acuerdo de paz con Israel (1979), Egipto se retiró del Protocolo de Casablanca y empezó a tratarles como personas extranjeras y a causarles numerosas trabas con los documentos de viaje y los visados. En julio de 1978, a través de las leyes nº 47 y 48, se cancelaron “las resoluciones que trataban a los palestinos como egipcios”. 

Iraq
En Iraq la llegada de población refugiada fue reducida, alrededor de 5.000 personas provenientes de Haifa y Jaffa. En un principio gozaron de la protección de los sucesivos gobiernos iraquíes, disfrutando de los mismos derechos y de una prosperidad relativa. No obstante, tras la guerra contra Iraq (2003) comenzaron a ser perseguidos y asesinados. Se les retiraron sus derechos, al considerarles simpatizantes del antiguo régimen. El Protocolo de Casablanca ha quedado obsoleto en este país.

Siria
Más de 90.000 personas huyeron a este país entre 1947 y1949, la mayoría procedente de la Galilea Palestina, en el norte del actual Estado de Israel, sobre todo de los distritos de Safad, Haifa, Tiberiades y Acre. Este influjo no amenazó la economía o las estructuras sociales del país, como eran los casos en Líbano y Transjordania.
Siria es el único país que ha ratificado y seguido el Protocolo de Casablanca de 1965 hasta la actualidad. Su actitud ha sido única debido a que no solamente ha mantenido la misma postura ante la población refugiada palestina desde un principio, si no que con el transcurso de los años le ha ido otorgando más derechos. Desde la llegada de las y los refugiados, el gobierno adoptó una serie de leyes que marcaron progresivamente el camino para una minuciosa integración en la estructura socioeconómica, al tiempo que separaba y preservaba la identidad palestina. Las y los refugiados en este país son prácticamente iguales que la población nacional siria, aunque, por ejemplo, no pueden votar en las elecciones.

[1] 20 de julio de 2009
[2] Como destaca Kodmani-Darwish, “en Líbano viven `los mendigos´ del pueblo en el exilio, la anti-diáspora por excelencia, aquellos que no tienen ninguna prisa por su presente, por no hablar de su porvenir. Golpeados, desplazados en varias ocasiones, no han podido acumular riquezas, ni estatuto social, ni tampoco una formación que les permita mejorar su situación [...]. Su pasado en Líbano es trágico, su presente es difícil y su futuro es incierto”. Esta incertidumbre responde a la doble amenaza que se cierne sobre sus cabezas cual espada de Damocles. Por una parte, Israel impide el retorno de los refugiados por considerar que pondrían en peligro la propia existencia del Estado judío; por otra parte, Líbano se niega a naturalizarlos al interpretar que romperían el frágil equilibrio confesional del país. 
En un principio, los refugiados fueron asentados en el sur, aunque pronto fueron distribuidos por el resto del país. Es probable que en esta decisión pesase la necesidad de evitar la concentración de los refugiados en una determinada zona; todo ello, con el objeto de prevenir el colapso del sistema político libanés, basado en el equilibrio entre las comunidades cristiana (maronitas, protestantes, griegos ortodoxos, católicos y maliquíes) y musulmana (sunnitas, chiítas y drusos). La llegada de decenas de miles de refugiados de confesión musulmana fue percibida como una amenaza que podría quebrar este heterogéneo mosaico doctrinal, no así la presencia de unas 3.000 familias de refugiados cristianos que fueron inmediatamente naturalizadas.
La mayor parte de refugiados vagó de un lugar a otro antes de fijar su residencia definitiva. Los sentimientos entremezclados de indiferencia, hostilidad o simpatía de las décadas de los cincuenta y los sesenta, desembocaron en los setenta, coincidiendo con la entrada de la Organización para la Liberación de Palestina en Líbano, en una fuerte polarización entre los partidarios y adversarios de los palestinos. Tras el estallido de la guerra civil en 1975, las tensiones aumentaron y los refugiados pagaron las cuentas con la destrucción parcial o total de los campamentos de Mie Mie (Saida), Rashidiyye (Tiro), Tal Za tar y Shatila (Beirut). Se calcula que la confrontación dejó a 32.000 palestinos sin hogar. Tras los Acuerdos de Taef en 1989, la clase política libanesa llegó a la conclusión de que la amplia presencia palestina (un 11% del total de la población) podría volver a desestabilizar el país, por lo que se acordaron un conjunto de medidas encaminadas a reducir su número.
En opinión de Jesús A. Núñez y Julieta Espín, “la práctica totalidad de las fuerzas políticas libanesas han hecho todo lo posible por impedir cualquier asomo de asimilación de la población palestina refugiada, restringiendo sus derechos y libertades y sometiéndolos, en la práctica, a condiciones de extrema marginación”. Quizás la más llamativa de todas estas medidas fuese la prohibición de ejercer 73 profesiones (abogado, médico, ingeniero, electricista, fontanero, conductor, sastre o peluquero). Como resultado de esta política, el 80% de los refugiados vivía en 1996 bajo el umbral de la pobreza.
En la actualidad, los refugiados dependen de la economía informal: braceros en la época de recolección o peones en el proceso de reconstrucción. O lo que es lo mismo: mano de obra barata en un mercado negro en el que obtienen salarios por debajo de los libaneses. Otro fenómeno ha sido el crecimiento de “la economía de los campamentos” destinada a satisfacer las necesidades de la propia población refugiada. En esta coyuntura, la UNRWA juega un papel de extraordinaria relevancia pues emplea a una parte significativa de los refugiados —más de un 5%—, aunque la crisis financiera en la que se encuentra inmersa le ha obligado a reducir de manera drástica sus ayudas".
Mar Gijón Mendigutía es investigadora y doctoranda en el Programa de Estudios Internacionales Mediterráneos en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Este artículo ha sido publicado en el nº 45 de la Revista Pueblos, enero de 2011.

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