jueves, 25 de octubre de 2012

La intervención social, ¿justicia o solidaridad?

En diversos textos especializados en el análisis de la intervención social y su relación con principios y valores podemos leer reflexiones que dejarían boquiabierto a más de un profesional del campo.
No puede negarse, como subrayan algunos autores, que el origen de la intervención social se fragua en las raíces cristianas de Occidente, y que muchos de sus principios, al menos en los albores de la profesión, se correspondieron con auténticas virtudes cristianas tales como el amor al prójimo. Habría, sin embargo, que señalar que esa misma intervención social nace con un afán de sistematicidad (algunos, o casi todos, lo llaman cientificidad, pero personalmente me parece una aberración) ajeno a esas influencias y que sin embargo sí bebe de las fuentes ilustradas que, además, tan cerca le quedan temporalmente.
Ahora bien, ¿no tiene la Ilustración una clara inspiración cristiana? ¿No podría decirse que sus principios son la racionalización de algunos dogmas cristianos? Inequívocamente. Por tanto, no podremos determinar si las influencias cristianas en la práctica social provienen de esa base que le presta, indirectamente, su inspiración ilustrada (pasadas, eso sí, por el tamiz de la razón) o si, por el contrario, es la intervención social algo así como una práctica sistemática de principios cristianos. Personalmente me niego en rotundo a aceptar esta segunda alternativa que, sin embargo, es defendida por algunos autores. Así, Lorente, en su libro La intervención social como espacio polifónico (citado en el número 63 de la revista Trabajo Social Hoy, en el artículo de Natividad de la Red titulado “Derechos económicos y sociales: nuevos y viejos compromisos del trabajo social”) afirma que “la intervención social no puede pensarse como una práctica de la modernidad hija de la cuestión social; antes bien, hay que decir que su historia es vieja por lo que abundan en ella reminiscencias cristianas secularizadas”. La cita no sería del todo desagradable, de no ser por ese “antes bien”. ¿Qué valor tendría una intervención cuyas bases no proceden de la modernidad, y por tanto, de los derechos humanos, sino que se fundamentara meramente en unas “reminiscencias cristianas secularizadas”?
Si los valores que guían la acción social no poseyeran una base racional, sino meramente histórica, o religiosa, ésta estaría sometida a los avatares de tales valores en el imaginario colectivo. Lo curioso es que a nadie se le haya ocurrido nunca pensar que las bases de la medicina, por ejemplo, se encuentren también en ciertos principios de solidaridad. A nadie se le ocurriría decir que el principio que ha de guiar las intervenciones quirúrgicas tenga que ser la caridad por el pobre paciente. Es más, si se argumenta que el principio que la rige es la conservación de la vida humana en buenas condiciones, no se dirá que ese valor sea cristiano, sino que se hará referencia a uno de los derechos humanos: el derecho a la vida.
El ámbito social se presta mucho a este tipo de razonamientos, tan absurdos si se compara con otras profesiones, pues igualmente superflua es la idea de que la solidaridad o la caridad pinten nada en las bases de la intervención social. He subrayado la palabra porque, como es evidente, tales valores pueden estar relacionados con la profesión y guiar a algunos profesionales de manera subjetiva (así como al cirujano quizá en algún punto le mueva la compasión). El punto que me gustaría resaltar es que de ninguna manera tales valores –demasiado relacionados con el afecto, la subjetividad y la idiosincrasia de cada persona– han de servir de base para quien se dedica a la intervención social. Camps (en Virtudes públicas, citado en el artículo antes mencionado) habla de “contrarrestar, por la vía del afecto, las limitaciones de lo justo”, así como de que “la apuesta por causas impopulares o perdidas puede no constituir un deber de justicia, pero sí es un deber de solidaridad”. O dicho al revés, para entenderlo mejor: nadie tiene ningún deber de solidaridad para con nadie, eso no se recoge en ninguna legislación ni existen mecanismos para que se ejercite tal valor o para reclamarlo cuando no se nos presta la cantidad suficiente. Sin embargo, el Estado sí tiene un deber de justicia para con sus ciudadanos, y como representantes suyos en el ámbito social, los profesionales de esta área han de guiarse por ese afán de justicia, y no por un mero vuelco del corazón. “Incluso donde hay justicia, tiene que haber caridad”, dice Camps en el mismo párrafo, a lo que yo respondería que a mí, al menos como trabajadora social, la caridad me es totalmente indiferente. Quien quiera ser caritativo, que lo sea, tanto mejor. Pero hay que tener presente que ese es sólo un plus, que lo verdaderamente importante es que se reconozcan las situaciones susceptibles de intervención social como positivamente injustas, como legalmente injustas, y no sólo como “desagradables” moralmente. Ese reconocimiento de injusticia conllevará la creación de mecanismos que la mitiguen o eliminen. Si las personas religiosas quieren aportar de su bolsillo algo a la persona sin hogar que se encuentra en la puerta de la iglesia pidiendo, tanto mejor para ambos, pero lo importante es que esa persona tenga una red pública a la que acudir, que se le atienda dignamente desde la justicia social –porque es lo que le corresponde como persona–, y no desde la caridad.
El problema de este país, así como de los llamados países mediterráneos, es que parece que no entra en las cabezas políticas la simple idea que se ha expuesto más arriba. Prueba de ello es que, al menos en la Comunidad de Madrid –ámbito que conozco–, al solicitar la Renta Mínima de Inserción (RMI), a la persona se le pida una declaración jurada de los ingresos que obtiene irregularmente. Es decir, que una persona sin hogar que pidiendo se saca 20 euros al mes tiene que declararlo para que esa cifra sea sustraída del tope de la RMI (unos 532 euros para el año 2012). De esta manera perpetuamos la situación, haciendo que esa persona siga dependiendo, al menos en un porcentaje, de la caridad de los demás. En lugar de intensificar las tareas de inserción para que la persona, cuanto antes, pueda obtener sus propios medios de subsistencia y  dejar de cobrar la RMI, se le pone la cortapisa de que siga pidiendo, para poder así completar sus ingresos.
Una situación absurda y desconocida para la mayoría de los ciudadanos (que ni siquiera suelen conocer que existe algo llamado Servicios Sociales), pero que tiene su fundamento en las ideas de autores como los que hemos citado, para quienes parece que las bases racionales de la Ilustración tienen menos validez que algo tan variable e inestable como la caridad o la solidaridad que exista en una determinada sociedad. Fuente: apuntesdelechuza.wordpress.com

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