viernes, 26 de octubre de 2012

La desaparición forzada de personas

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue una comisión asesora creada por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado de entre 1976 y 1983, llevadas a cabo por la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional. No fue instituida para juzgar sino para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. La comisión recibió varios miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país. El 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia de Argentina el político radical Raúl Alfonsín, luego de 7 años de interrupción democrática por parte del auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional. Dicha dictadura, con el pretexto de combatir a los grupos guerrilleros (que, si bien habían intensificado los atentados en las ciudades, estaban políticamente muertos tras el distnaciamiento y la muerte de Perón) llevó adelante un plan sistemático de desaparición de personas consideradas subversivas, criterio utilizado en la práctica en un rango muy amplio y ambiguo. Por lo general, grupos comando entraban a las casas de estas personas y las secuestraban. Las autoridades negaban luego conocer su paradero. [editar] Creación A fin de investigar estos crímenes, el presidente Alfonsín -a solo 5 días de su asunción- decreta el juzgamiento de las Juntas Militares y a las organizaciones guerrilleras. Para complementar esta investigación, envía varios proyectos a fin de reformar la Justicia Militar y crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La comisión debía investigar y organizar las pruebas que presentaría el Estado en el juicio. Serán funciones específicas y taxativas de la Comision las siguientes: a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inrnediatamente a la justicia si ellas estan reiacionadas con la presunta comision de delitos b) Averigurar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así tambien toda otra circunstancia relacionada con su localización. c) Determinar la ubicacion de ninos sustraidos a la tutela de sus padres o guardadores a raiz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores. d) Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer. e) Emitir un informe final, con una explicacion detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitucion. Artículo 2º, Decreto 187/83. 

Desaparición forzada 

Desaparición forzada o también, desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos (DD.DD.). El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen. El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XX a raíz de la multiplicación de los casos de desparecidos en América Latina y gracias a la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, y en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron primero en estos países y luego, en muchos otros del mundo, especializándose en su denuncia y concienciación. A partir de la precedentemente expuesta para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, la constitución en 1980 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la resolución de 1983 de la Organización de Estados Americanos (OEA), resultaron en 1989 en la formulación de la primera sentencia de condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando las bases para la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y la "Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas" de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero de 2007, estableciendo una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios. Desde la constitución del Grupo de Trabajo en 1980 hasta la Convención aprobada en 2006, Naciones Unidas registró 51 531 casos oficialmente notificados en 79 países a los que se añaden las numerosas denuncias y estimaciones de las organizaciones independientes, revelando la problemática mundial de la desaparición forzada que no solamente afecta a los estados que acumulan casos históricos sin resolver, los que se ven aquejados por conflictos internos o los que mantienen políticas de represión hacia los opositores políticos, sino que las denuncias también se han extendido a los países Occidentales como consecuencia de las controvertidas medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo internacional. Con el fin de recordar a todas las naciones y gobiernos del mundo la existencia de la realidad de los desaparecidos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), declaró el 30 de agosto como el "Día Internacional del Detenido Desaparecido". Fuente: wikipedia

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