jueves, 11 de octubre de 2012

Abusos contra personas con discapacidad mental en Ghana



Human Rights Watch insta al Gobierno de Ghana a tomar medidas. Los pacientes no tienen derecho a decidir si son ingresados en estos centros. El "proceso de curación" en centros de oración exigen un ayuno de 36 horas. Denuncian que viven encadenados a árboles donde orinan, defecan y duermen Doris Appiah ha vivido más de una década en hospitales psiquiátricos y en centros de oración de Ghana. Durante su estancia en estos últimos estuvo dos meses atada con cuerdas. Para comer le obligaban a consumir unas hierbas que tienen la culpa de sus actuales lesiones en la lengua. Una etapa que pertenece a su pasado, ha conseguido salir de ese infierno. Ahora vive en comunidad y ha relatado su historia a Human Rights Watch. "Cuando tienes una discapacidad mental, pierdes prácticamente todos tus derechos", lamenta. "Por eso, le pedimos al Gobierno que tome medidas para garantizar que las personas con discapacidad mental tengan acceso a los servicios adecuados y evitar sufran abusos", añade Doris. Es una de las miles de personas que, según denuncia la ONG Human Rights Watch han sufrido esta clase de abusos por el único hecho de no ser como los demás. A través de un informe insta al Gobierno del país africano a actuar "inmediatamente" para poner fin a esta situación. El documento, titulado "Casi una sentencia de muerte: Abusos contra personas con discapacidad mental en Ghana", se ha elaborado a partir de 170 entrevistas con personas con discapacidad mental internadas en los tres hospitales psiquiátricos del país, en ocho centros de oración y en las comunidades, así como con familiares, personal sanitario y funcionarios. HRW ha comprobado que el millar de enfermos mentales que se encuentra en los tres hospitales psiquiátricos --ubicados en las ciudades de Accra, Pantang y Ankaful--, vive en condiciones "deplorables", tanto higiénicas, ya que hay excrementos en el suelo por roturas en las tuberías, como humanas, porque el hacinamiento hace que muchos pasen todo el día en el patio sin poder resguardarse del intenso calor. Tratamientos médicos prohibidos En los centros de oración, vinculados a iglesias pentecostales que escapan al control gubernamental, viven cientos de personas con discapacidad mental, entre ellos niños, que no reciben tratamiento médico, ya que incluso está prohibido. "Los autoproclamados profetas intentan curar a los pacientes mediante milagros y consultas con ángeles", ha apuntado. Como parte del "proceso de curación", las personas con discapacidad mental "son sometidas a ayunos que se prolongan durante semanas, y que suelen comenzar con un período de 36 horas de lo que denominan ayuno seco, en el que está prohibido beber agua". Además, "en los centros de oración las condiciones son peores que en los hospitales psiquiátricos". "En los ocho centros de oración inspeccionados, casi todos los residentes estaban en patios encadenados por el tobillo a árboles, donde orinan, defecan, se bañan y duermen", ha indicado HRW. El informe también denuncia las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad mental que viven en comunidad. "Son víctimas de actitudes estigmatizantes y discriminatorias y, en muchas ocasiones, no cuentan con atención sanitaria, vivienda, ni alimentos adecuados", ha señalado. Nueva legislación El Gobierno ha aprobado este año la Ley de Salud Mental, que contempla el ingreso de las personas con discapacidad mental en los hospitales psiquiátricos, incluso de forma involuntaria, con un sistema de tutelaje, "lo que impide que los pacientes tomen sus propias decisiones". La norma no se aplica a los centros de oración, por los que los residentes deben permanecer en ellos hasta que el "profeta" considere que han sanado, sin que existan vías de reclamación legal para solicitar su liberación. HRW ha subrayado que "ambas situaciones son incompatibles con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", ratificada por el país africano el pasado mes de julio, que obliga a tomar medidas para garantizar que los pacientes pueden decidir por sí mismos sobre su lugar de residencia y modo de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en Ghana hay cerca de tres millones de personas con discapacidad mental, de las cuales unas 600.000 padecen trastornos psiquiátricos "sumamente graves". Por todo ello, HRW ha instado al Gobierno de Ghana a "actuar inmediatamente". En concreto, Medi Ssengooba, de HRW, ha apuntado que las autoridades ghanesas deben "impedir que los pacientes sean ingresados forzosamente y garantizar su acceso a los mecanismos legales para denunciar la violación de sus derechos y libertades fundamentales". Además, ha recordado que el Gobierno tiene la obligación de integrar en sociedad a las personas con discapacidad mental, tal y como recoge el Derecho Internacional, por lo que "debe crear servicios de asistencia en la comunidad, incluidas alternativas de vivienda y atención sanitaria". Asegurar la protección de los que sufren discriminación por el hecho de sufrir este tipo de patologías para que no se repitan casos como el de Doris.

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