domingo, 16 de septiembre de 2012

Los corralitos en Sudamérica


Los corralitos o congelaciones de depósitos han sido experiencias recurrentes en Latinoamérica. Siempre han sido profecías que forzosamente se cumplían porque una vez que algunos analistas alertaban sobre esa posibilidad, los ahorradores se agolpaban en las oficinas bancarias para retirar su dinero y eso terminaba empujando a las autoridades a cerrar el grifo. Así fue como ocurrió en 2001 en Argentina. Ese año los inversores más informados se llevaron del país 14.976 millones de dólares. El temor a una congelación de los ahorros, como ya había ocurrido en este país en 1989, llevó a que el entonces Gobierno de Fernando de la Rúa intentara despejar miedos con el impulso de la llamada ley de intangibilidad de los depósitos. Esa norma se sancionó en agosto de 2011 y cuatro meses más tarde quedó solo en expresión de deseos: unos 66.000 millones de dólares resultaron atrapados en el corralito que anunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Los ahorradores solo podían sacar del banco 250 por semana de sus cuentas, mientras que los depósitos a plazo quedaron congelados hasta nuevo aviso. Un periodista, Antonio Laje, bautizó aquella congelación como corralito.

El Gobierno de De la Rúa terminó cayendo, Argentina suspendió pagos y en enero de 2002 asumió la presidencia Eduardo Duhalde. “El que depositó dólares, recibirá dólares”, intentó tranquilizar Duhalde a los ciudadanos en el discurso inaugural de su gestión. “¿Quién fue el boludo?”, se preguntó su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, al oír la frase de Duhalde, según cuenta el periodista Ezequiel Burgo en su libro 7 ministros. No podía explicarse quién había aconsejado a su presidente a prometer semejante cosa imposible de cumplir. Días después Argentina devaluó el peso y pesificó los depósitos en dólares, lo que enardeció aún más a los ahorradores. Claro que para esa altura pocos creían que los bancos disponían de la suficiente moneda norteamericana para devolver a los clientes. Nunca una entidad financiera puede responder a un retiro masivo de depósitos. Al cambio de moneda se lo llamó corralón. En diciembre de 2002 se liberó el corralito, es decir, las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Los depósitos a plazo pudieron ser canjeados a partir de marzo de 2003 por títulos públicos que terminaron de pagarse en 2012. No obstante, muchos ahorradores se negaron a ese trueque y consiguieron recuperar sus dólares después de litigar en los tribunales.

Pero el corralito no fue la única congelación de depósitos de la historia reciente latinoamericana. Antes de aquella experiencia que duró un año, Argentina había congelado depósitos a plazo en 1989 y los devolvió en bonos que vencían en 1999. Esos títulos cotizaban en un principio a un tercio del valor original de los ahorros. Las pérdidas de aquella crisis bancaria ascendieron al 13% del PIB argentino de entonces, según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, Argentina sufrió aquella vez una devaluación. En 2001/2002, la crisis bancaria le costó el 71% del PIB.

Brasil inmovilizó depósitos a plazo y en cuentas en 1990 durante 29 meses con posterioridad a una fuerte depreciación de su moneda. Las pérdidas por la crisis bancaria ascendieron al 62% del PIB.

Ecuador hizo lo propio en 1999. La congelación duró medio año y después el Gobierno de Jamil Mahuad entregó a los ahorradores certificados de reprogramación de los depósitos, lo que implicó fuertes pérdidas para ellos. Ecuador también devaluó y suspendió pagos aquel año. El rojo que dejó la crisis bancaria equivalió al 25% del PIB.

Uruguay, contagiado de la debacle argentina de 2002, congeló los dólares a plazo en bancos públicos durante 36 meses. El colapso bancario le reportó pérdidas del tamaño del 27% de su PIB. Aquel año Uruguay también depreció su moneda y en pocos meses pasó de ser calificado con el grado de inversión, la mejora nota que las agencias de riesgo crediticio otorgan a las deudas soberanas, a la reestructuración del pasivo con aplazamientos de pagos. Uruguay recuperó en marzo pasado el grado de inversión, una categoría que también comparten en la región Chile, México, Brasil, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica y que les permite endeudarse a bajos costes.

Fuente: El País

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