sábado, 30 de junio de 2012

De la represión a la tortura





Aunque en España es poco conocido, en otros ámbitos culturales hace años que se ha acuñado el término zemiology, del vocablo griego “zemia” (daño), una perspectiva de estudio que pretende poner al descubierto los daños sociales causados por la deriva autoritaria de unos Estados que ceden cuotas de soberanía a los mercados, al tiempo que endurecen sus agencias penales para la represión de la disidencia y la protesta social.


España ocupa el primer lugar de la Unión Europea en índices de encarcelamiento, “por encima del Reino Unido, que, hasta ahora, ostentaba este dudoso honor”, comenta Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. “Hasta hace un par de años, teníamos un índice de encarcelamiento en la media de Europa. Con las últimas reformas del Código Penal –casi una reforma al año– ha aumentado el número de conductas incluidas en éste y sancionadas con penas de prisión”, añade del Cura.

El incremento de la penalidad ha quedado reflejado en dos informes recientemente presentados por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH).

Según la Coordinadora, en 2011 se tuvo constancia de 280 situaciones en las que hubo torturas y/o malos tratos, y se vieron afectadas 853 personas. En 2010 las cifras fueron de 251 situaciones y 540 afectados. El estudio apunta a que el incremento de casos responde al aumento de las agresiones policiales durante movilizaciones sociales, que ha pasado de 200 afectados en 2010 a 433 en 2011. Dentro de las agresiones durante movilizaciones sociales sobresalen las denuncias provenientes de personas participantes del movimiento 15M, seguidas del movimiento okupa, y que las dos grandes concentraciones de denuncias de 2011 fueron “las de la operación de “limpieza” de plaça Catalunya en Barcelona (con 56 personas afectadas) y el desalojo del gaztetxe de Kukutza en Bilbao (con 75 personas afectadas)”.

Sin embargo, del Cura advierte que “los casos incluidos en los informes no son todos los casos de tortura y malos tratos que la Coordinadora conoce, ni todos los denunciados en 2011, ni mucho menos, todos los que han podido producirse en este año”. Desde la CPDT y el OSPDH lamentan que hay colectivos que por miedo a represalias no denuncian, como los presos, los migrantes o las prostitutas.

Palabras mayores

Llegados a este punto merece la pena aclarar la diferencia entra tortura y represión. La Convención de la ONU dice: “Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento”. Xabier Makazaga, autor de varios libros sobre la tortura, apunta que es necesario diferenciarlas ya que “no todas las formas de represión se pueden calificar ni mucho menos de tortura, algo demasiado serio y grave como para devaluar dicho calificativo incluyendo dentro del mismo otros tipos de represión que, siendo graves, no lo son ni mucho menos tanto como ese crimen contra la humanidad que supone la tortura”.

Para del Cura “la tortura es la represión llevada a su máximo exponente” y critica que “existe una convención en los medios y en los tribunales de justicia según la cual tortura y democracia son incompatibles y que la primera se da en países no democráticos. Por ello, como se acepta que el Estado español es democrático se concluye que en España no hay tortura, pues aceptar su existencia cuestionaría la creencia de que vivimos en un Estado de derecho”. Sin embargo, del Cura es concluyente: “La realidad es que la práctica de la tortura está generalizada en el Estado y la practican todos los cuerpos de policía (estatales, autonómicos o locales), funcionarios de prisiones y otros funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad”.

Pedro Oliver, que ha impulsado la creación de seminarios y grupos de investigación centrados en la historia de la prisión y las instituciones punitivas, considera que “hoy puede reprimir más un Ayuntamiento con sus normas municipales que la Guardia Civil”, y alerta sobre las recientes estrategias de represión policial, que “van a ser más dañinas que la detención o incluso el uso de la carga contra protestas”. La “represión sucia” desarrollada por Felip Puig en Barcelona, continúa Oliver, “puede parecernos un tremendo escándalo (con actuaciones como la web de delación) y lo es, pero no es un exceso pasajero, pretende crear una nueva cultura del control policial, algo que se termine aceptando socialmente con los rancios argumentos de la ‘defensa de la sociedad’ y con los medios tecnológicos más innovadores puestos en manos de una policía que cada vez actúa de manera más opaca”, concluye.

Todas estas prácticas son las que ha denunciado al Consejo de Europa el OSPDH. Su informe advierte que está teniendo lugar un “fenómeno propio de la llamada ‘cultura de la emergencia y de la excepcionalidad penal’, de triste fama y recuerdo, que fue empleado para el combate contra manifestaciones de violencia política y terrorismo pero nunca contra las que son propias del descontento social”. Los autores del estudio alertan que se está pasando de un Estado social a otro penal con decisiones como la utilización preventiva de sanciones administrativas para limitar el derecho de reunión y manifestación o decretar prisiones preventivas a universitarios sin antecedentes penales, y destacan el argumento empleado por la titular del Juzgado de Instrucción no 18 de Barcelona para su detención: “anticiparse” a ciertos acontecimientos que tendrían lugar en la ciudad y que “presumiblemente” serían objeto de sabotajes y altercados de grupos “antisistema”.

Makazaga advierte que “toda la práctica acumulada durante décadas en la lucha contra la disidencia vasca la están empezando ya a emplear contra los movimientos sociales de protesta y que más vale que nos vayamos preparando a afrontar una verdadera deriva represiva”. Fuente: Periódico Diagonal

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